La atención sanitaria ilimitada a inmigrantes ilegales

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Estamos en contra de que el Estado cubra los gastos sanitarios, mas allá de los casos de urgencia vital, de aquellas personas que han entrado en nuestro país transgrediendo la ley y residan ilegalmente en este. Con ello defendemos uno de los principios básicos de la Democracia: la correspondencia entre deberes y derechos. Lo realmente insolidario es jugar con este equilibrio, dividiendo la sociedad entre quienes cumplimos los deberes y los que monopolizan los derechos.

Faltan pocas semanas para las elecciones autonómicas y municipales. Como en anteriores ocasiones Partido Popular comienza el limosneo de votos del colectivo inmigrante, que tendrá un peso decisivo en unos comicios que se prometen muy reñidos.

En esta ocasión han puesto sobre la mesa, una contrarreforma de su propia ley, aprobada en 2012. Hasta ahora esta ley limitaba la prestación sanitaria para los inmigrantes ilegales a los supuestos de urgencias, maternidad y cuidados de los niños. En adelante, la cobertura en atención primaria de los ilegales, volverá a salir del bolsillo de los impuestos de todos los españoles, a través de nuestro precario Sistema Nacional de Salud. 

Nadie se pone de acuerdo en cual es el número de ilegales a los que afectará esta medida. Las cifras van desde el medio millón valorado en algunos foros por el PP, 700.000 por algunos sindicatos médicos y hasta el mas de un millón de ilegales que apuntan algunas ONGs.

Tampoco se puede conocer el alcance real económico de la medida. La reforma de 2012, nunca fue aplicada de forma rigurosa (probablemente con total intención). Fue concebida como una cortina de humo, que hiciera más justificable (por comparación), el recorte de prestaciones sociales y sanitarias a los españoles en general. El escaso interés por su aplicación real, unido a la alarmante falta de capacidad de gobernar el territorio nacional del Partido Popular, ha hecho que en estos tres años la mayoría de Comunidades Autónomas incumplieran la reforma de 2012.

En concreto, según fuentes sindicales, el Gobierno de Canarias da cobertura sanitaria a los inmigrantes que cobraran menos de 532 euros al mes y que están empadronados con un año de antigüedad. En el País Vasco se expide una tarjeta que garantiza la sanidad universal para los indocumentados en su territorio. En Andalucía, en la práctica se mantuvo el mismo protocolo de actuación sanitario anterior al decreto. También Asturias y Cataluña siguieron dándo a los ilegales tarjeta sanitaria. Además otras cuatro comunidades, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra, proporcionan asistencia a través de fórmulas administrativas y programas específicos, para burlar la ley.

Lo que si está claro, es que actualmente, la cobertura de nuestros servicios públicos se caracteriza por la manifiesta insuficiencia de recursos. La respuesta de los sucesivos gobiernos de uno u otro signo, ha sido recortar prestaciones e imputar los gastos a los usuarios, poniendo en peligro los principios de igualdad de acceso y continuidad de servicios de primera necesidad.

El problema se ha agravado considerablemente debido al colapso de las instituciones ocasionado por la inmigración. En muchos lugares los españoles somos desplazados e incluso discriminados en la concesión de ayudas. Estos beneficios son acaparados por los que acaban de llegar, en la mayoría de los casos saltándose a la torera las leyes, que hasta la fecha estaban haciendo posible nuestro desarrollo y convivencia.

En el caso de la sanidad, y en especial la atención primaria, a través de la cual se canalizará esta nueva prestación a los ilegales, se encuentra ya suficientemente colapsada debido la falta de recursos y los sindicatos médicos alertan de que casi el 90% de los médicos reconoce estar desmotivado en su trabajo. El gasto en atención primaria cayó del 20,8% del total del gasto sanitario en 2008 al 14,81% en 2012. Para colectivos como la SEMFYC, debería ser del 25%. Según los datos que manejan las asociaciones médicas, hace ya un par de años que en algunas comunidades cada facultativo tiene que atender casi 1700 tarjetas sanitarias.

El inmigrante “irregular” ha llegado a nuestro país atravesando ilegalmente nuestras fronteras y transgrediendo consciente e intencionadamente la ley. Premiar estas conductas desde el Estado, conlleva un peligroso mensaje que implica dos consecuencias directas. La multiplicación del efecto llamada y el arraigo entre los españoles de la sensación de indefensión e inseguridad jurídica.

La capacidad del Estado de realizar una política social, es posible gracias al esfuerzo de desarrollo conjunto realizado durante muchos años por todos sus ciudadanos. Es lógico que el arraigo, es decir, la participación demostrada en este esfuerzo, más aún en tiempos de crisis, tenga un peso determinante en las probabilidades de obtener los beneficios.

Actualmente en España hay cerca de 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta situación afecta a algo más de uno de cada cuatro ciudadanos. Nuestro país ocupa el sexto lugar en riesgo social, dentro de la UE, sólo por delante de Rumanía Grecia, Italia, Chipre y Portugal. Es una grave injusticia que, en el contexto de recortes, paro y subidas de impuestos, el Partido Popular con fines electoralistas, haga correr a los españoles el gasto de prestaciones para quienes han transgredido la ley.

La política de inmigración del PP se sustenta solo en cálculos electorales. Fue el PP quien en el año 2000 aprobó una Ley de Extranjería otorgó a los inmigrantes ilegales la tarjeta sanitaria con el único requisito de que estuvieran empadronados. Después vino en 2012 la reforma que exigiría a los inmigrantes la residencia fiscal. Y tres años después, a pocas semanas de las elecciones, se apresura a anunciar una chapuza, que no deja claro si también tendremos que pagar a los ilegales la atención hospitalaria no urgente, las recetas médicas, las pruebas diagnósticas o la atención especializada.

Ya sabemos cuál es el modelo popular de Sanidad. Privatización, grandes beneficios de entidades privadas con gasto proveniente del fondo público. Pérdida de calidad del servicio. Contratación de personal inmigrante con titulación de dudoso prestigio, con cargo a las ayudas a la integración laboral de extranjeros y discriminación de los sanitarios españoles.

La defensa de lo español por el Partido Popular, en muchas ocasiones sobreactuada, se contradice estruendosamente con su política de inmigración, probablemente las más laxa de Europa. De nuevo vuelve a hacer campaña con cargo al bolsillo y la miseria de los españoles. Esta nueva medida encarna a la perfección sus valores. Un patriotismo español de salón, para una España sin españoles, pero sostenida económicamente a costa de ellos.

Estamos en contra de que el Estado cubra los gastos sanitarios, mas allá de los casos de urgencia vital, de aquellas personas que han entrado en nuestro país transgrediendo la ley y residan ilegalmente en este. Con ello defendemos uno de los principios básicos de la Democracia: la correspondencia entre deberes y derechos. Lo realmente insolidario es jugar con este equilibrio, dividiendo la sociedad entre quienes cumplimos los deberes y los que monopolizan los derechos.